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Brazalete electrónico puede llegar a los estadios, dijo Correa Sutil

El subsecretario del Interior señaló que hinchas con prohibición de asistir al fútbol están siendo considerados para el uso del dispositivo de geoposicionamiento satelital.

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Jorge Correa Sutil, subsecretario del Interior, aseguró que el Gobierno estudia el uso de un brazalete de geoposicionamiento satelital (GPS) para reos por una serie de delitos, entre ellos los condenados por violencia en los estadios y que sean sancionados con la prohibición de asistir a partidos de fútbol.

 

"Estamos en este momento analizando la proposición para el caso de violencia intrafamiliar, de violencia íntima, pero no cabe duda que su expansión puede ser mucho mayor, desde luego violencia en los estadios", aseguró en conversación con El Diario de Cooperativa.

 

Agregó que el GPS "se aplica también en algunos países respecto de las personas que están en cárceles, de forma tal que si se fugan de la cárcel se sepa dónde están, cuando son trasladados los presos también es una modalidad que se emplea, y en algunos países también se emplea como una medida para poder asegurar reclusiones nocturnas, que ya no se decretan en las cárceles, sino en las casas".

 

La autoridad reconoció que el dispositivo "sin duda que es una restricción a la libertad, pero es una restricción a la libertad de personas a quienes se les aplica esto como medida que acompaña a una sanción".

 

El subsecretario consideró que en términos de costos, "hay una inversión inicial, pero no cabe duda que si usted lo contrasta con un porcentaje de estas personas que deban ir a la cárcel, la inversión es claramente más barata por ponerlo en términos económicos, además de ser bastante más humana y menos restrictiva de la libertad que la cárcel".

 

El propio Correa Sutil informó el viernes 26 de noviembre que La Moneda estudia el uso del aparato electrónico para las personas sobre quienes pesa una medida precautoria que les impide acercarse a sus víctimas.

 

El Comité policial de seguridad ciudadana del Ministerio del Interior, a cargo del proyecto, debe evacuar un estudio de factibilidad en diciembre próximo, de acuerdo a fuentes gubernamentales.