La gobernación de Río de Janeiro, que afronta una de las mayores crisis financieras de su historia, declaró estado de calamidad pública en sus finanzas como estrategia para cumplir sus compromisos con los Juegos Olímpicos que comenzarán en 49 días.

La medida permite al gobierno regional adoptar medidas excepcionales, como la obtención de préstamos y la firma de contratos sin concurso público para garantizar la oferta y la "racionalización de todos los servicios públicos esenciales para la realización de los Juegos Olímpicos", que comenzarán el 5 de agosto.

El estado de calamidad pública también permite a la gobernación contraer préstamos sin la autorización del Legislativo regional.

La falta de recursos pone en riesgo desde la conclusión de una nueva línea de metro que beneficiaría a los aficionados para su desplazamiento al Parque Olímpico, hasta el pago de las horas extras de los policías que garantizarán la seguridad durante el evento.

Entre las razones que justifican la declaración de calamidad pública el gobernador interino Francisco Dornelles citó, además de la crisis financiera, la caída de la recaudación de impuestos y de regalías petroleras.

El gobierno regional tiene una deuda pública de 66.000 millones de reales (unos 19.130 millones de dólares) y en este momento le faltan unos 19.000 millones de reales (unos 5.507 millones de dólares) para cumplir sus compromisos este año.

Río de Janeiro es uno de los estados más afectados por la actual crisis económica de Brasil, cuya economía completó dos años en recesión en el primer trimestre de 2016.

El Producto Interior Bruto (PIB) brasileño encogió un 3,8 por ciento el año pasado y los economistas prevén para 2016 una contracción del mismo tamaño. De confirmarse tal previsión será la primera vez que Brasil encadene dos años consecutivos de crecimiento negativo desde la crisis de 1930.