La Guardia Civil está registrando este jueves las oficinas del Comité Técnico de Árbitros (CTA) en la sede de la Federación Española de Fútbol (RFEF) en Las Rozas (Madrid), para recabar documentación relacionada con el caso Negreira, después de que la decisión del juez que lo instruye de imputar un delito de cohecho a FC Barcelona y a los directivos.

No se prevén detenciones en esta actuación, ordenada por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que investiga el caso.

 

En paralelo al registro, el juez instructor dictó un auto en el que imputa un delito de cohecho a los directivos de FC Barcelona investigados en el caso, así como al propio club como entidad jurídica, además de al exvicepresidente del CTA José María Enríquez Negreira y a su hijo, Javier Enríquez Romero.

De esa forma, el delito de cohecho se suma a los de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales que hasta ahora se atribuían a los investigados.

En el marco de esa causa, que se abrió a raíz de una denuncia el pasado marzo de la Fiscalía Anticorrupción, el juez investiga el destino de los cerca de 7 millones de euros que FC Barcelona pagó a Negreira y a su hijo entre 2001 y 2018, y que, según el club, respondían a informes sobre arbitrajes.

El juez, no obstante, sospecha que los pagos pudieron obedecer a una "forma novedosa de posible retribución ilegítima a árbitros de fútbol" en un contexto de una "posible corrupción sistémica en el seno del CTA" en la época en que Negreira era vicepresidente de este organismo.

En su último auto, el magistrado justifica la imputación del delito de cohecho -que castiga los sobornos para obtener favores de funcionarios públicos- en sus sospechas de que el exvicepresidente del CTA y su hijo recibieron durante 18 años pagos de FC Barcelona a cambio de procurar los "efectos arbitrales deseados" por el club, lo que implicaba "desigualdad de trato" para el resto de equipos.

Pese a que Negreira no era funcionario como exige el delito de cohecho, el juez considera, apoyándose en abundante jurisprudencia en la materia, que sí tenía esa condición "a efectos penales, dado que desempeñaba funciones públicas como vicepresidente del CTA, entre otras relativas a las calificaciones de los árbitros y a los ascensos y descensos" de los mismos.

Según sostiene en su auto, los pagos del club a Negreira y su hijo, que da por acreditados documentalmente, "pueden considerarse realizados en atención al cargo que desempeñaba" el exvicepresidente del CTA, pues se prolongaron durante 18 años, en los que se incrementaron de los 70.000 euros iniciales a 700.000 anuales, y se detuvieron coincidiendo con el cese del árbitro investigado en 2018.

"Por deducción lógica, los pagos realizados por FC Barcelona satisfacían los intereses del club en atención a su duración y al incremento anual", añade el auto.

Para el magistrado, los pagos a Negreira y su hijo "produjeron los efectos arbitrales deseados por el FC Barcelona, de tal manera que debió existir una desigualdad en el trato con otros equipos y la consiguiente corrupción sistémica en el conjunto del arbitraje español".

Una hipótesis que el juez apunta por "inferencia lógica" pero que cree que las investigaciones que está llevando a cabo la Guardia Civil "podrán confirmar".

Entre los indicios que sustentan sus sospechas, el magistrado menciona la "carta intimidatoria" que Negreira envió a mediados de 2018 a FC Barcelona después de que el club decidiera "prescindir" de sus servicios, en la que le amenazaba con revelar una serie de hechos ilícitos que "podrían perjudicar gravemente" al club.

"De esto último se desprende que Enríquez Negreira tenía conciencia de que se habían producido actos ilícitos en favor de FC Barcelona de bastante gravedad", agrega el magistrado, que cree que ello demuestra que el exvicepresidente del CTA participó en esos delitos o tuvo "conocimiento muy próximo" de las personas que los habrían cometido.

Según el juez, el que fue vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros entre 1994 y 2018 "era consciente, en mayor o menor medida, de la ilicitud de sus actos e, incluso, de otros actos desconocidos hasta ahora".

Recuerda el magistrado instructor en su auto que el delito de cohecho -pasivo en el caso de Negreira y su hijo y activo en el del FC Barcelona y sus directivos- se habría consumado una vez acreditados los pagos, "se demuestre o no la corrupción sistémica del arbitraje español" a causa de los mismos.